¿Qué sería de la historia de la humanidad sin esas grandes manifestaciones civiles que han hecho del mundo un lugar con memoria?

Durante los próximos días, la Cámara (chilena) de Diputados, examinará un controvertido proyecto de ley que inscribe como "responsables" a los organizadores de movilizaciones sociales, de los daños y desmanes que durante éstas puedan ocurrir. Obviamente, esto ha traído consigo el rechazo generalizado en la sociedad civil, dada la pérdida al derecho a la libre reunión y expresión.

¿Qué implica esto? El castigo con penas de cárcel (541 días a 3 años) y multa de 4 a 8 UTM (entre 130 y 260 mil pesos) a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubiertos, o sea, encapuchados, esto, sólo si son apresados. De otro modo, se hará responsable a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública de los supuestos daños que los participantes causen.

Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, sostiene que "esto se enmarca en el contexto de criminalización de la protesta social al que asistimos en el actual modelo. Se califican como conductas delictivas prácticas que no son conductas penales, como es el convocar a una protesta".

¿No se profundiza, con esto, la inexistencia del derecho a reunión? Pareciera ser que, si se le pide aprobación a la autoridad antes de hacer una reunión pública, esto sería peor, porque si pasa cualquier desmán, ¿quién va a pedir autorización?  Nadie se va hacer cargo, nunca.

Según la justificación del proyecto de ley, su propósito es "fortalecer el papel de las policías en la mantención del orden público". El problema es que, para las distintas organizaciones consultadas, las disposiciones actuales de las autoridades municipales o regionales, tienden a atrasar el ánimo de movilización social.

¿No suena, con esto, a llamado deliberado a movilizarse violentamente? ¿Se están poniendo "el parche antes de la herida" o intentan acallar el derecho de manifestarse en paz? Juzgue usted mismo.