La devastación de Haití por un terremoto y la muerte de miles de personas no puede atribuirse sólo a las fuerzas de la naturaleza. La pobreza endémica que padece la mayoría de la población ha contribuido significativamente a la enorme devastación.

Por ello al alentar y apoyar la reconstrucción en Haití, es esencial que la comunidad internacional no vuelva a crear las mismas condiciones que ponen a la población en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos y perpetúan las desigualdades y la pobreza.

Amnistía Internacional ha identificado algunos de los retos mas importantes a los que se enfrenta el país y ha diseñado un plan en el que la protección de los derechos humanos es la columna vertebral de la ayuda humanitaria y de los trabajos de reconstrucción.

No a la explotación de la infancia. Con la disgregación de las familias y la destrucción de las escuelas, miles de menores han quedado sin protección. Los más vulnerables podrían convertirse en víctimas de los traficantes.

Urgente: construir un sistema de justicia operativo que asegure el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de la seguridad ya que el terremoto ha limitado aún mas la capacidad del gobierno haitiano para garantizar el estado de derecho.  

El desplazamiento interno sí, pero voluntario. Cientos de miles de personas han perdido sus casas y muchas han huido de las zonas devastadas. Debe protegerse los derechos de estas personas de manera que puedan adoptar decisiones voluntarias e informadas respecto a su futuro.

Prevención de la violencia de género. Tras una catástrofe, mujeres y niñas suelen estar especialmente expuestas a la violencia sexual, a la explotación a manos de traficantes al tiempo que su acceso a los servicios de salud materna, reproductiva y sexual se ve reducido.

Reglas claras  para las fuerzas internacionales en Haití: La experiencia de otras operaciones ha demostrado que dejar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por el persona internacional exclusivamente al arbitrio de los países de origen conduce a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.

Cancelación de la deuda externa. Todos los recursos económicos disponibles en los próximos años deben canalizarse hacia programas de reconstrucción que garanticen el bienestar de la población.