La devastación de Haití por un terremoto y la muerte de miles de personas no puede atribuirse sólo a las fuerzas de la naturaleza. La pobreza endémica que padece la mayoría de la población ha contribuido significativamente a la enorme devastación.

Por ello al alentar y apoyar la reconstrucción en Haití, es esencial que la comunidad internacional no vuelva a crear las mismas condiciones que ponen a la población en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos y perpetúan las desigualdades y la pobreza.

Amnistía Internacional ha identificado algunos de los retos mas importantes a los que se enfrenta el país y ha diseñado un plan en el que la protección de los derechos humanos es la columna vertebral de la ayuda humanitaria y de los trabajos de reconstrucción.

No a la explotación de la infancia. Con la disgregación de las familias y la destrucción de las escuelas, miles de menores han quedado sin protección. Los más vulnerables podrían convertirse en víctimas de los traficantes.

Urgente: construir un sistema de justicia operativo que asegure el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de la seguridad ya que el terremoto ha limitado aún mas la capacidad del gobierno haitiano para garantizar el estado de derecho.  

El desplazamiento interno sí, pero voluntario. Cientos de miles de personas han perdido sus casas y muchas han huido de las zonas devastadas. Debe protegerse los derechos de estas personas de manera que puedan adoptar decisiones voluntarias e informadas respecto a su futuro.

Prevención de la violencia de género. Tras una catástrofe, mujeres y niñas suelen estar especialmente expuestas a la violencia sexual, a la explotación a manos de traficantes al tiempo que su acceso a los servicios de salud materna, reproductiva y sexual se ve reducido.

Reglas claras  para las fuerzas internacionales en Haití: La experiencia de otras operaciones ha demostrado que dejar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por el persona internacional exclusivamente al arbitrio de los países de origen conduce a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.

Cancelación de la deuda externa. Todos los recursos económicos disponibles en los próximos años deben canalizarse hacia programas de reconstrucción que garanticen el bienestar de la población.

En este día queremos llamar la atención sobre cientos de casos en los que los derechos de los niños son violados, especialmente terrible es el caso de Colombia, donde más de un millón de menores se han visto obligados a huir de sus casas y buscar refugio en otras partes del país. Algunos de estos niños y niñas no han podido regresar a sus hogares durante largos periodos, y quizás no puedan volver jamás. Esta situación vulnera gravemente los derechos humanos de los y las menores, pese a que Colombia ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño en el año 1991.

Por este motivo Amnistía Internacional, en coherencia con el vigésimo aniversario de la Convención, INSTA AL GOBIERNO COLOMBIANO a que tome medidas para que se  garantice la protección de los niños y niñas desplazados en su País, cumpliendo los acuerdos internacionales

se cumple el 49 aniversario de la Declaración de lo Derechos de los niños , un documento que abogaba por defender a los más pequeños de los distintos embates en todo el mundo. Sin embargo, casi medio siglo después, muchos niños sufren un sin fin de calamidades que repercuten en su crecimiento y les arrebata su infacia.

La ONG Ayuda en Acción ha querido recordar hoy, día de la celebración del Dia Universal del Niño, que la salud y la educación son "claves" para mejorar las condiciones de vida los niños en todo el mundo. De ese modo, la organización quiere destacar que cada día mueren 26.000 niños en todo el mundo por causas que podrían evitarse.

Además 80 millones de menores en todo el planeta están sin escolarizar, lo que supone "un freno para el desarrollo de las sociedades y, particularmente, para la mejora de las condiciones de vida de las niñas, que sufren una doble marginación: por ser mujer y representar el 70% de la población pobre del mundo", según aseguró la ONG en un comunicado.

Asimismo, la ONG apunta que, según un estudio del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Política Alimentaria, si los hombres y las mujeres tuviesen la misma influencia en la toma de decisiones, "la incidencia de bajo peso entre los niños y niñas menores de tres años en Asia meridional descendería hasta 13 puntos porcentuales".

En definitiva, señala que este supuesto significarían 13,4 millones menos de niños y niñas desnutridos en la región, mientras que en África subsahariana, otros 1,7 millones de niños y niñas estarían adecuadamente alimentados.

Medidas urgentes

 Más de treinta premios Nobel de la Paz han pedido medidas urgentes para mejorar la educación de los niños y construir la paz en países afectados por conflictos bélicos.

En una carta divulgada hoy a través de la organización no gubernamental Save the Children , un total de 31 galardonados -entre ellos el ex presidente de EEUU Jimmy Carter y el Dalai Lama- piden a los líderes de todo el mundo que presten más atención al sufrimiento de unos 37 millones de menore"Algunos colegios han sido blancos para el reclutamiento de escolares como niños soldados

La guerra y el conflicto son perpetrados por adultos. Pero cada adulto fue una vez niño y creció con experiencias que le marcaron la vida", señala la carta, firmada además por el arzobispo Desmond Tutu y la líder de la oposición birmana Aung San Suu Kyi.

En el caso del Conflicto en la República Democrática del Congo se estima que cinco millones de los 9,6 millones de pequeños en edad escolar no pueden ir a la escuela. Un portavoz de la ONG Save the Children señaló que "sin una protección adecuada ante un conflicto que ha escalado en las últimas semanas, más niños se han visto forzados a huir de sus escuelas".

"Algunos colegios han sido blancos para el reclutamiento de escolares como niños soldados", indicó el portavoz.

Explotación sexual

Un total de 228 niños y, principalmente, niñas son explotados cada hora sólo en la zona de Latinoamérica y el Caribe, denunció hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Nils Katsberg, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, dijo desde su sede en Panamá, con motivo del Día Mundial contra el Abuso Infantil, que esta fecha recuerda "la impostergable necesidad de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar plenamente de sus derechos en un ámbito de protección

"Es tiempo de reconocer la magnitud de este problema y actuar en consecuencia"

Es tiempo de reconocer la magnitud de este problema y actuar en consecuencia", y en el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes que se celebrará del 25 al 28 de este mes en Brasil "tendremos la oportunidad" de hacerlo, añadió.

En Latinoamérica se calcula que más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente cada año, según UNICEF, que cita datos del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Katsberg consideró importante la ayuda financiera para las víctimas, ya que "son muchas las madres que aún ante la certeza de un abuso perpetrado por sus propios maridos, deciden callar ante la imposibilidad de sostener el hogar en caso de denunciarlo".

No obstante, reconoció que en los últimos años hubo avances en la región y varios países cuentan con planes de acción para la erradicación de la explotación sexual infantil, de los que casi todos Prevén penas para la producción d ela pornografia infantil

A pesar de que la tendencia es hacia la abolición mundial, en el año 2007 al menos 1252 personas fueron ejecutadas en 24 países, y entre 18000 y 27000 personas esperan en corredores de la muerte.

Amnistía Internacional en Asturias celebró el Día Mundial contra la Pena de Muerte con un acto público desarrollado en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Con el título "Esta es tu última comida, ¿Cuál es tu última voluntad?, ¡No a la pena de muerte!", se representaron las últimas horas de un condenado a muerte, como rechazo rotundo a la pena capital.

La organización defensora de los derechos humanos contó con la colaboración de los grupos de teatro aficionado, "Teatro G con g" y "Asociación teatral de Lugones, El Gallineru". Durante los momentos anteriores y posteriores a la representación se repartieron entre el público folletos contra la pena de muerte, así como platos y servilletas con datos y cifras sobre la pena capital. También se recogieron firmas para intentar impedir la ejecución de Pablo Ibar, español condenado a muerte en EE.UU.

Con motivo del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional insta a todos los países del mundo a aprovechar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para apoyar una nueva resolución en Naciones Unidas que impulse definitivamente una moratoria universal de las ejecuciones, como paso decisivo hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Esta nueva resolución reforzaría notablemente la Resolución 62/149 de la ONU, aprobada el 18 de diciembre de 2007 por una amplia mayoría, a favor de una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

En este Día Mundial Contra la Pena de Muerte, la organización ha lanzado una ciberacción para apoyar a Pablo Ibar, español condenado a muerte en EEUU, y para pedir a las autoridades de Florida que promuevan la moratoria de las ejecuciones como un primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte en este Estado norteamericano. Pablo Ibar fue acusado en 1994 del asesinato de tres personas durante el robo de una vivienda en Florida. El Jurado de Broward County no alcanzó un veredicto unánime y en 1998 el juez declaró nulo su juicio. Sin embargo, en el año 2000 fue condenado por el triple asesinato a raíz de su supuesta aparición en las imágenes de un vídeo del sistema de seguridad de la casa, un hecho puesto en duda por la actual defensa de Ibar.

La magnitud del efecto del VIH y el sida sobre las mujeres pobres del medio rural de Sudáfrica con un nuevo informe sobre las abrumadoras dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en medio de la grave epidemia de VIH que afecta al país. 

El informe, basado en entrevistas con mujeres del medio rural que viven con VIH, describe la opresión a la que se enfrentan las mujeres del campo sudafricano en sus relaciones con sus parejas masculinas y dentro de la comunidad en general debido a su género, su condición de seropositivas y su marginación económica.

 “La pobreza y el desempleo afectan desproporcionadamente a las mujeres del medio rural en Sudáfrica”, sobre Sudáfrica.

A pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno Español sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata.

La trata con fines de explotación  es una gravísima violación de los derechos humanos que afecta cada año, según la Organización Internacional del Trabajo, a unas 2.500.000 personas en el mundo. Al mismo tiempo, la trata de seres humanos es un negocio transnacional que genera unos 7000 millones de dólares anuales, situándose en el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, el tráfico de drogas y de armas.

En los últimos años se han dado avances importantes en la lucha contra esta nueva forma de esclavitud. En el 2000, la ONU sentaba las bases de la lucha internacional contra la trata con el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños que el Estado Español firmó y ratificó en el 2003. Asimismo, el 16 de mayo de 2005 el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Ambos mecanismos reconocen explícitamente que la trata es una violación de los derechos humanos, incorporando así la prevención, protección, asistencia y reparación de las víctimas al enfoque de lucha contra la criminalidad y control migratorio que los gobiernos han venido adoptando en la lucha contra la trata. 

El dia  1 de febrero de 2008 entró en vigor el mencionado Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, dando un paso más en la protección de las personas víctimas de la trata en Europa. De los 47 Estados que componen el Consejo de Europa, 37 han firmado el Convenio y 13 de ellos lo han ratificado . Sin embargo, desde la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas, lamentamos que el Estado Español, uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa, esté entre los 10 Estados miembros que todavía no han firmado el Convenio.  En una reunión el pasado 29 de enero en Madrid, la Red tuvo oportunidad de expresar esta preocupación a la Sra. Eva Biaudet, Representante Especial y Coordinadora de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la lucha contra la trata de seres humanos. Esta organización realizará un informe sobre la situación de la trata en España durante este año.

España sigue sin tener datos fiables sobre la magnitud real de esta violación de derechos humanos. La trata es una de las formas más crueles de violencia de género y una forma de esclavitud. La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. Son miles las personas extranjeras que son captadas y traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos. Además, estas mujeres sufren a menudo agresiones sexuales, violaciones, palizas y represalias contra sus familiares como métodos para garantizar su silencio y sumisión.

Además de instar al Gobierno español a que ponga en marcha el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual, desde un enfoque de derechos humanos que proteja los derechos de las víctimas, consideramos necesario que España se adhiera al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar el Convenio Europeo contra la Trata y que España debe garantizar para proteger y promover los derechos de las víctimas cabe destacar:

Formar a los funcionarios para la correcta identificación de las víctimas, incluyendo medidas específicas para la protección de los/las menores de edad.

Asistir a las víctimas en su proceso de recuperación física, psicológica y de integración social, con independencia de que colaboren o no como testigos contra los autores del delito y garantizando su derecho a la protección, asistencia y reparación.

Reconocer un periodo de reflexión a las víctimas, en ningún caso inferior a 30 días, que les permita recuperarse, librarse de la influencia de los tratantes y decidir así, con conocimiento de causa si cooperan con las autoridades competentes.

Conceder un permiso de residencia a la víctima, no solo por colaboración con las autoridades, sino también por motivos humanitarios. No debe sancionarse a las víctimas por eventuales infracciones en materia de extranjería.

Proporcionar asistencia jurídica gratuita y garantías de protección a las víctimas para poder defender sus derechos en el procedimiento penal contra los traficantes.

Tomar en consideración las necesidades de protección y seguridad de las víctimas, así como proteger su vida privada y seguridad.

Sancionar penalmente a los clientes, implementando mecanismos contra o para desalentar la demanda

Fuentes : Amnistia Internacional España

En un nuevo informe, se reclama la elaboración de una Estrategia Sanitaria Estatal ante la desigual respuesta por parte de las Comunidades Autónomas.

Se ha hecho público el informe “¡Hay que actuar a tiempo! Detección de la violencia de género y atención a las víctimas en el ámbito sanitario español, en el que expresa su preocupación porque la violencia de género no se encuentra entre las prioridades del Ministerio de Sanidad. En los casi dos años desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género, desde este Ministerio no se están impulsando ninguna medida de envergadura para superar la desigualdad territorial existente entre las diferentes Comunidades Autónomas en la respuesta a la violencia de género.

No se han tomado medidas efectivas para la puesta en marcha de un Plan de Formación que alcance al conjunto de los y las profesionales sanitarios. “Los tres cursos anuales para un total de 75 personas, proporcionados por el Ministerio, no pueden considerarse una medida suficiente y adecuada para lograr la formación del conjunto de profesionales sanitarios” “Y tampoco se ha promovido que la formación de estos profesionales mejore a largo plazo, ya que en los nuevos currículos de las licenciaturas y diplomaturas de profesiones sociosanitarias, no se contempla la inclusión de contenidos específicos sobre violencia de género”.

 Se calcula que sólo el 5% de las mujeres víctimas de violencia denuncia a su agresor ante la policía o el juzgado. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar acuden en algún momento al médico, por lo que los centros de salud son imprescindibles para identificar este tipo de víctimas, proporcionarles ayuda, y derivarlas a los recursos pertinentes.

 Valoramos  como un avance positivo que la atención a la violencia de género se haya incluido en los servicios de atención primaria y de urgencias del Sistema Nacional de Salud, pero lamenta que haya quedado fuera de los servicios de Salud Mental, teniendo en cuenta que las víctimas de violencia de género tienen entre tres y cuatro veces más posibilidades de necesitar tratamiento psiquiátrico.

 Desigual atención en las Comunidades Autónomas

En su nuevo informe, que se publica cuando el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas ha igualado ya la cifra de todo reconoce que la mayor parte de las Comunidades Autónomas han adoptado un compromiso político o legislativo para abordar la violencia de género. Sin embargo, este compromiso no se traduce en la gran mayoría de los casos en acciones concretas y la preparación del ámbito sanitario muestra una gran desigualdad.

 Todas las Comunidades Autónomas, excepto Andalucía, Cataluña y Madrid cuentan con protocolos de actuación para el personal sanitario ante este tipo de casos. “Pero estos protocolos en sí mismos no garantizan la preparación y sensibilización del personal, y hemos detectado grandes diferencias en cuanto a su aplicación debido a los diferente niveles de recursos que cada Comunidad Autónoma destina a su puesta en marcha”

 En cuanto a la formación, sólo un tercio de las Comunidades Autónomas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra) están desarrollando Planes de Formación específica sobre violencia de género para llegar al conjunto de los y las profesionales sanitarios de atención primaria. Menos de la mitad de las Comunidades lo hacen para profesionales de urgencias. Y solamente Asturias tiene planes de formación para especialistas en salud mental.

 “Tratándose de un grave abuso de derechos humanos, como es el caso de la violencia de género, la protección efectiva de las mujeres no puede depender del territorio en el que residan las víctimas, y el Gobierno español debe establecer estándares mínimos que garanticen esa protección”, afirmó Esteban Beltrán. “Más aún en un ámbito como el sanitario en que las competencias están completamente transferidas a las Comunidades Autónomas”.

 Tampoco se tiene constancia de que desde el Ministerio de Salud se hayan impulsado en todo el Estado unos estándares mínimos con mecanismos de coordinación entre las distintas instancias profesionales (servicios sanitarios y juzgados), imprescindibles para la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

  Peticiones

Al Gobierno español que elabore y ponga en marcha una Estrategia Sanitaria Estatal contra la Violencia de Género, que garantice, desde un enfoque de derechos humanos, el cumplimiento de los compromisos previstos en la Ley Integral, estableciendo:

 Estándares mínimos sobre los medios materiales y humanos necesarios, para prevenir y combatir de manera integral la violencia contra las mujeres, asegurando la equidad territorial  en el conjunto del Estado.

 Un programa de formación obligatoria que alcance al conjunto de profesionales, con especial incidencia en ámbitos clave como la atención primaria, los servicios de urgencia, los servicios de salud mental, o la especialidad de ginecología. Así como, implantando una asignatura sobre la atención a la violencia de género en los currículos formativos de las carreras universitarias del ámbito sociosanitario. 

La inclusión de la atención a la violencia de género en los planes de salud de las comunidades  autónomas.

 A las Comunidades Autónomas que impulsen la adopción de esa Estrategia Estatal y que en el marco de sus competencias:

 Incluyan la violencia de género como un grave problema de salud pública en sus planes de  salud.

 Incluyan en las carteras de servicios de atención primaria, urgencias y salud mental la atención a la violencia de género. 

  Elaboren y pongan en marcha, con todos los medios materiales y humanos necesarios, planes de formación que alcancen al conjunto de profesionales

Fuentes: Amnistia Internacional  España

Desde 1995 la pena de muerte está abolida en España. Sin embargo, el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la misma.

En España las últimas ejecuciones tuvieron lugar en septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena.

Con la Constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra.

 El Artículo 15 de la Constitución establece:

"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra."

 El Código Penal Militar preveía la pena de muerte como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.

 En 1995, después de una larga campaña de  acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, quedó totalmente abolida la pena de muerte con el acuerdo final de todos los partidos políticos. La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, vino a completar la abolición y a covertirla en absoluta.

 Sin embargo, a pesar de que está abolida y teniendo en cuenta que en más de 40 países sus constituciones prohíben expresamente la pena de muerte, Amnistía Internacional considera que la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la mismaPor otra parte, España ha firmado pero no ha ratificado el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia

Fuentes :Amnistia Internacional España

Damos  la bienvenida a la instrucción sobre tratamiento jurídico a los menores extranjeros inmigrantes no acompañados dictada por el Fiscal General del Estado, , que permite la expulsión de menores extranjeros no acompañados, vulnerando el Convenio de Derechos del Niño y  los derechos fundamentales de los menores. La nueva instrucción hace referencia expresa a que su interpretación deberá hacerse según lo dispuesto en el Convenio de Derechos del Niño, atendiendo en todo caso al principio del interés superior del menor. Esta instrucción, en contra de lo que establecía la anterior, constata la minoría de edad hasta los 18 años y establece claramente que será obligación de los Fiscales asegurar que en el caso de que se decida la repatriación del menor a su familia, esta decisión es acorde con los intereses del menor.

Segiremos trabajando sobre los casos de los menores que hayan sido expulsados del Estado español en aplicación de la anterior instrucción que vulnera las normas internacionales de derechos humanos. Del mismo modo, la organización vigilará la aplicación efectiva de la nueva instrucción.

 Petición original:

Actúa pidiendo el rechazo de la instrucción de la Fiscalía General del Estado del pasado 23 de octubre , que viola la Convención de Derechos del Niño y vulnera derechos fundamentales de los menores

 La instrucción cursada por la Fiscalía General del Estado supone una vulneración formal sin precedentes en España de los derechos humanos de los menores e incumple con las obligaciones del Estado español de proteger y amparar a todos los menores de edad que se encuentran en su territorio. Amnistía Internacional ha hecho público un documento en el que detalla todas sus preocupaciones respecto a esta instrucción.

 Actúa ya, expresa tu preocupación por esta instrucción al Fiscal General del Estado y pide su retirada inmediata o, en su defecto, su modificación urgente para que respete las normas internacionales y proteja los derechos de los menores extranjeros no documentados.

Fuentes :Amnistia Internacional España