Las políticas migratorias adoptadas por España y los otros Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como la promovida en terceros países como Marruecos, impiden a las personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos llegar a España, pedir asilo y obtener protección. Además, en los procesos de expulsión, no se garantiza el principio de "non-refoulement" o no devolución de personas a países en los que hay serios indicios de que serán vulnerados sus derechos humanos. Estas políticas estatales contravienen las obligaciones internacionales de protección de los refugiados e inmigrantes.
"Tanto las autoridades españolas, como los medios de
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